El parlamento de Israel aprobó una ley la madrugada del jueves que permitiría deportar a familiares de atacantes palestinos, incluidos los ciudadanos del país, a la Franja de Gaza —un territorio devastado por la guerra— o a otros lugares.
La ley, que fue impulsada por miembros del partido Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y sus aliados de extrema derecha, se aprobó con una votación de 61-41 pero es probable que sea impugnada en los tribunales.
Se aplicaría a los ciudadanos palestinos de Israel y a los residentes de la zona anexionada de Jerusalén Oriental que supieran de antemano sobre los ataques de sus familiares o que “expresen apoyo o identificación con el acto de terrorismo”.
Serían deportados, ya fuera a la Franja de Gaza u otro lugar, por un período de 7 a 20 años. La guerra entre Israel y Hamás continúa en Gaza, donde decenas de miles han sido asesinados y la mayoría de la población se ha visto desplazada, a menudo varias veces.
No estaba claro si la norma se aplicaría en la ocupada Cisjordania, donde Israel ya tiene una arraigada política de demolición de las casas familiares de los atacantes. Los palestinos han realizado decenas de ataques con apuñalamientos, tiroteos y vehículos contra israelíes en los últimos años.
El doctor Eran Shamir-Borer, investigador senior en el Instituto de Democracia de Israel y exasesor en derecho internacional para el ejército israelí, dijo que si la ley llega ante la Corte Suprema, es probable que sea anulada basándose en casos israelíes anteriores respecto a la deportación.
“La conclusión es que esto es completamente inconstitucional y un claro conflicto con los valores fundamentales de Israel”, dijo Shamir-Borer.
Israel capturó en la Guerra de los Seis Días de 1967 la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, territorios que los palestinos reclaman para su futuro estado. Israel retiró colonos y soldados de Gaza en 2005 pero ha reocupado partes del territorio desde el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás que desencadenó la guerra actual.
Israel se anexionó Jerusalén Este en un movimiento no reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. Los palestinos allí tienen residencia permanente y se les permite solicitar la ciudadanía, pero la mayoría elige no hacerlo, y aquellos que lo hacen enfrentan una serie de obstáculos.
Los palestinos que viven en Israel suponen en torno al 20% de la población del país. Tienen ciudadanía y derecho al voto pero enfrentan una discriminación generalizada. Muchos también tienen vínculos familiares cercanos con aquellos en los territorios y la mayoría simpatiza con la causa palestina.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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